Archivo de la categoría: Sobre Normativa Empresarial

Análisis sobre nuevas normativas o proyectos de normativas que atañen a las empresas de Bolivia.

Estas listo para una fiscalización de la Autoridad de Empresas (AEMP)?

By DOC Abogados Corporativos

Que es la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP)?

Por información publicada en la página oficial de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (http://www.autoridadempresas.gob.bo/) estos son sus antecedentes:

 Mediante Decreto Supremo Nº 0071 de fecha 9 de abril de 2009, se crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), asumiendo las competencias establecidas en la Ley Nº 2427 de 28 de noviembre de 2002, la Ley N°  2495 de 4 de agosto de 2003 (abrogado), el Decreto Supremo Nº 27203 de 7 de octubre de 2003, la Ley Nº 3076 de 20  junio de 2005, y el Decreto Supremo Nº 29519 de 16 de abril de 2008, estableciéndose como atribuciones supervisar, controlar y fiscalizar a las empresas en lo relativo al gobierno corporativo, defensa de la competencia, reestructuración de empresas y registro de comercio.

Con la Promulgación de la Ley N° 685 de 11 de mayo de 2015, se decreta el cierre de los procedimientos de Reestructuración y Liquidación Voluntaria de Empresas establecidos en la Ley Nº 2495 de 4 de agosto de 2003 y se establece las atribuciones de la Autoridad de Fiscalización de Empresas, cambiando de denominación por el de Autoridad de Fiscalización de Empresas – AEMP.

Obligaciones formales de las empresas

Las empresas legalmente constituidas en Bolivia tienen una serie de obligaciones formales, cuya supervisión y control se encarga la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP).  La mayoría de estas obligaciones están establecidas en el Código de Comercio Boliviano y las infracciones con sus respectivas sanciones se han establecido en la RESOLUCION ADMINISTRATIVA INTERNA RAI/AEMP/ N° 052/2011 de fecha 16 de agosto de 2011.

El Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales distingue dos tipos de infracciones: leves y graves. Asimismo establece cuatro tipo de sanciones: amonestación, multa, suspensión temporal de funciones y suspensión de Matricula Comercial.   A manera de ejemplo mostramos la obligación de actualizar el registro de  comercio o matrícula en forma anual, cuyo incumplimiento tiene como sanción una multa. Esta multa está establecida en función del tipo societario y expresadas en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). Esta indexación a UFV´s tiene como objeto evitar la pérdida de valor de dicha multa, por lo que a simple vista pudiera parecer una multa relativamente benigna, pero habrá que establecer su equivalente a la fecha de conversión en la página oficial del UFV Banco Central de Bolivia.

multas-por-incumplimiento-de-actualizacion-de-matricula

Preguntas de autoevaluación, estas listo para una fiscalización por parte de la AEMP?

auditorialegal

Si estas listo para una fiscalización por parte de la AEMP deberás ser capáz de responder positivamente todas las siguientes preguntas:

  • Cuenta con Memoria y Estados Financieros anuales los aprobados por la Asamblea Ordinaria de Socios/Junta Ordinaria de Accionistas, dentro de los 90 días del cierre de tu gestión fiscal?
  • Su Estado de Resultados exponen pérdidas acumuladas que superen el 50% del capital social y reservas libres? En caso afirmativo, has tomado alguna medida legal para regularizar esta situación financiera (aumento o reducción de capital)?
  • Cuando su empresa ha obtenido utilidades, se han constituido la reserva legal del 5%?
  • Cuenta con Libros de Actas de Asamblea de Socios y de Registro de Socios, Libros de Actas de Reuniones de Directorio y de Juntas de Accionistas, de Registro de Accionistas y Talonario de Acciones?
  • Cuenta con autorización para que tus actas de Reuniones de Directorio / Asamblea de Socios / Juntas de Accionistas, no sean transcritas sino impresas en hojas removibles y posteriormente pegadas en los Libros?
  • Estos libros se encuentran empastados, encuadernados, foliados y notariados tus Libros contables?
  • Cuentas con autorización para que tu contabilidad no sea manual sino mediante sistemas informáticos?
  • Ha constituido y registrado las fianzas de tus Directores y Síndicos cada vez que han sido elegidos o ratificados?
  • Ha registrado anualmente tu Memoria Anual?
  • Su Escritura de Constitución/Estatutos, cumple los requisitos mínimos exigidos por el Código de Comercio?
  • Tienen archivadas las convocatorias a Asambleas de Socios/Juntas de Accionistas?
  • Tienes archivadas las publicaciones en periódico de tu Escritura de Constitución y modificaciones?
  • Su Certificado de Actualización de Matrícula de Comercio se encuentra enmarcada y colocada en un lugar visible de sus oficinas?
  • Su Directorio está compuesto (constituido) y se reúne periódicamente cumpliendo las disposiciones de tu Escritura de Constitución/Estatutos?

Debes tomar en cuenta que algunas preguntas solo aplican según el tipo societario a la que se ajusta tu empresa.

Si usted considera que no está listo, es urgente que tome las medidas necesarias para ordenar y regularizar todos los aspectos societarios de su empresa y así evitar fuertes multas que la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) impone sobre la utilidad bruta de tus últimos Estados Financieros (o en caso que no tenga utilidad bruta, sobre la sumatoria de todos los saldos positivos de tus cuentas patrimoniales).

DOC Abogados Corporativos es su mejor aliado, somos especialistas en temas societarios y podemos prestar los servicios que necesita para tener la tranquilidad de cumplir con todas las obligaciones societarias impuestas en el Código de Comercio y su normativas y que en consecuencia ESTE LISTO PARA UNA FISCALIZACIÓN DE LA AEMP.

 

Autor: DOC Abogados Corporativos

 

Deja un comentario

Archivado bajo Derecho Comercial, General, Sobre Normativa Empresarial

Paso 1 – Obtención del Registro de Comercio

By DOC Abogados Corporativos

Este artículo es la continuación de Formalizar tu emprendimiento en 6 Pasos, cuyo Paso 1 es la obtención del Registro de Comercio. Para ahondar en la parte procedimental te recomendamos entrar a la página de Fundempresa, en la cual podrás encontrar abundante información y una guía completa. Lo que nosotros queremos mostrarte es la gran importancia de formalizar tu emprendimiento, cualquiera sea éste.

¿Por qué debería obtener el Registro de Comercio?

Toda persona sea natural o jurídica que realice actos de comercio tiene la obligación de obtener su Registro de Comercio (Art. 25 inc. 1) del Código de Comercio de Bolivia). Asimismo nuestro Código de Comercio presume que una persona es comerciante o ejerce el comercio cuando se cumplen cualquiera de dos supuestos:

  • Que tenga un establecimiento o local en el cual oferte mercadería o servicios al público.
  • Anuncie por cualquier medio de difusión, su calidad de comerciante.

Es pues fácil concluir que muchas personas en la actualidad son comerciantes desde el punto de vista legal, pues el solo hecho que anuncie que tiene algo para vender, cuya finalidad sea el lucro y que habitualmente realice estos actos, lo presume como tal. Por lo tanto, quienes cumplan estos dos elementos, el de la habitualidad y la búsqueda del lucro definen al comerciante como tal. Además de sumárseles elementos tales como un local abierto al público y/o anuncie o difunda por cualquier medio actos de comercio, revela su calidad de comerciante.

Basta navegar un poco en internet, redes sociales, para verificar que existe un sinnúmero de comerciantes que ejercen de manera irregular el comercio, camuflados entre personas que venden ocasionalmente algún artículo de segunda mano.

El ejercer actos de comercio sin cumplir con sus obligaciones conlleva a una serie de infracciones a la ley, en este caso al Código de Comercio Boliviano, cuyo ámbito de control recae sobre la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP).

El no Matricularse en el Registro de Comercio es considerado una infracción grave sancionada con una multa pecuniaria de 8.000 UFV (Unidades de Fomento de Vivienda), pagaderos en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles. A la fecha que escribimos este artículo, una UFV equivale a Bs2,13183. Esto quiere decir que una multa de 8.000 UFV equivale a 17.054,64 (Diecisiete mil cincuenta y cuatro 64/100 Bolivianos). Este monto para un emprendimiento calificado como MYPE o PYME podría ser lapidario, de ahí su fundamental importancia.

RegistroDeComercio

En DOC Abogados Corporativos, estamos para poder ayudarle a evitar este tipo de contingencia, contando con un equipo de abogados especialistas en el tema, que le asesoraran de manera efectiva. Si necesitas formalizar tu emprendimiento no dude en contactarse con nosotros. Envíenos un mail aabogadoscorporativos@doc.com.bo o comuníquese al teléfono 591 (3) 32-63053. Puedes visitar nuestras oficinas en la Calle Arenales esquina Beni, Edificio BigSur, segundo piso Oficina N°313. Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Contamos con abogados asociados en la ciudad de La Paz para realizar cualquier gestión necesaria en la Sede Gubernamental.

Autor: DOC Abogados Corporativos

1 comentario

Archivado bajo Derecho Societario, General, Sobre Normativa Empresarial

Formalizar tu emprendimiento en 6 Pasos

By DOC Abogados Corporativos

Mucho se dice que crear una empresa en Bolivia es muy difícil y engorroso, pero te vamos a demostrar que con la guía especializada es bastante sencillo. La formalización de las actividades económicas resulta fundamental en estos días, pues el control gubernamental y la sensación de riesgo es altísima. Exponerse a multas es muy arriesgado, puedes perderlo todo. Es por eso que  resulta necesario, para que puedas dormir tranquilo y cumplir con tus deberes como un empresario transparente, que te asesores por especialistas que te ayudaran a cuidar tu inversión y/o capital.

Paso 1 – Obtención de Matrícula de Comercio

Paso 2 – Obtención de Número de Identificación Tributaria (NIT)

Paso 3 – Obtención de Licencia de Funcionamiento

Paso 4 – Obtención del Registro Obligatorio de Empleadores (ROE)

Paso 5 – Inscripción al Seguro Social Obligatorio a Largo Plazo (SSO)

Paso 6 – Inscripción al Seguro Social a Corto Plazo

En sucesivos post iremos desarrollando las características y requisitos de cada uno de estos pasos para formalizar cualquier emprendimiento comercial empresarial. Te invitamos a seguirnos para mantenerte informado sobre toda la normativa empresarial.

En DOC Abogados Corporativos, estamos para poder ayudarle en este propósito, contando con un equipo de abogados especialistas en el tema, que le asesoraran de manera efectiva. Si necesitas formalizar tu emprendimiento no dude en contactarse con nosotros. Envíenos un mail a abogadoscorporativos@doc.com.bo o comuníquese al teléfono 591 (3) 32-63053. Puedes visitar nuestras oficinas en la Calle Arenales esquina Beni, Edificio BigSur, segundo piso Oficina N°313. Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Contamos con abogados asociados en la ciudad de La Paz para realizar cualquier gestión necesaria en la Sede Gubernamental.

Autor: DOC Abogados Corporativos

2 comentarios

Archivado bajo Derecho Laboral, Derecho Societario, Derecho Tributario, General, Sobre Normativa Empresarial

¿Cuándo es obligatorio que realice una reducción de capital?

By DOC Abogados Corporativos

AumentoCapital3

Al momento de realizarse una fiscalización por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresa (AEMP), muchas de las Sociedades que existen en nuestro país son observadas al respecto del desequilibrio existente en sus Estados Financieros en la cuenta del Patrimonio. Y es que cuando una sociedad se constituye, es común que el capital social de la misma sea bajo y en los primeros años se acumulen muchas pérdidas.

Entonces, pasan los años y las pérdidas acumuladas no son compensadas, superando por mucho el capital social y justo nos aparece la AEMP. Una empresa preparada y con buen asesoramiento preventivo encarará esta fiscalización con cierta tranquilidad, pero ¿qué pasa si nunca se regularizó el tema del capital social y de las pérdidas acumuladas? Pues, suenan todas las alertas, porque las multas que establece la AEMP son altas.

El Artículo 354 del Código de Comercio Boliviano establece que la reducción de capital es obligatoria cuando las pérdidas acumuladas superen el cincuenta por ciento (50%) del mismo, incluidas las reservas libres. Sin embargo, en caso de realizarse la reducción y esta fuera insuficiente, se deberá liquidar y disolver la sociedad en caso de que no se restituya el capital social mediante un aumento de capital. Esta decisión es demasiado importante para la subsistencia de empresa, pues compromete la continuidad de la misma.

Por tanto, es fundamental no dejar que transcurra el tiempo sin regularizar esta situación, porque la AEMP puede iniciar un proceso de fiscalización en cualquier momento. Hoy más que nunca la empresa debe estar preparada y usted como un emprendedor previsor debe proteger su inversión.

En DOC Abogados Corporativos, estamos para poder ayudarle en este propósito, contando con un equipo de abogados especialistas en el tema, que le asesoraran de manera efectiva. Si su empresa necesita un diagnóstico para evaluar qué grado de preparación tiene frente a una fiscalización de AEMP no dude en contactarse con nosotros. Envíenos un mail a abogadoscorporativos@doc.com.bo o comuníquese al teléfono 591 (3) 32-63053.

 

Autor: DOC Abogados Corporativos

Deja un comentario

Archivado bajo Derecho Societario, General, Sobre Normativa Empresarial

PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN BOLIVIA

By DOC Abogados Corporativos

PreciosTransferencia

Desde el año 2015, por causa de las modificaciones que ha sufrido el artículo 45 de la Ley No. 843, reglamentado por el Decreto Supremo No. 2227 y establecido el marco operativo por la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0008-15 emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, y a pesar de que en otros países existen normas similares hace ya algún tiempo; en Bolivia ya está vigente el nuevo régimen de Precios de Transferencia.

Este régimen establece como regla fundamental que en las operaciones comerciales y/o financieras realizadas entre partes vinculadas, el valor de transacción deberá ser aquel que se hubiera acordado entre partes independientes en operaciones comparables de mercado. (Artículo 45 de la Ley No. 843 modificado por la Ley No. 549).

De este concepto, que ha sido acogido con bastante interés por parte del empresariado boliviano, surgen también preocupaciones debido principalmente a lo siguiente:

  • El alcance de la vinculación señalado en la norma.
  • La contratación de especialistas para la realización del Estudio de Precios de Transferencia.
  • El carácter vinculante de los lineamientos y/o resoluciones emitidos por el recientemente creado Comité Técnico de Precios de Transferencia.
  • El aumento de obligaciones formales y el monto alto de las multas ante incumplimiento.
  • La aplicación de los métodos de determinación del valor en operaciones comerciales y/o financieras entre partes vinculadas.

Siendo un tema nuevo en la práctica empresarial en nuestro país y debido a que representa a todas luces un aumento considerable de obligaciones formales para aquellas empresas pertenecientes a grupos económicos relacionados, este régimen de precios de transferencia dará mucho que hablar cuando comiencen las fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Nacionales observado temas relacionados con este, para lo cual, toda empresa que esté realizando operaciones intercompany debe estar preparada.

Si tu empresa es parte de un grupo empresarial y realizan operaciones entre sí (operaciones vinculadas) y deseas asesoramiento sobre en el tema estaremos prestos a hacerlo, contamos con especialistas en el tema.

Autor del Articulo: DOC Abogados Corporativos

Deja un comentario

Archivado bajo Derecho Tributario, Sobre Normativa Empresarial

¿El Preaviso en Bolivia sigue en vigencia?

By DOC Abogados Corporativos

El “Preaviso” en el marco del nuevo orden constitucional vigente en Bolivia desde la promulgación de la Constitución Política del Estado en el mes de febrero del año 2009; es a todas luces y en efecto se constituye plenamente en un despido injustificado, ya que representa una decisión unilateral e injustificada del empleador de extinguir la relación laboral sin que exista una causa legal justificada; es decir, que la aplicación de este instrumento priva al trabajador de su fuente laboral injustificadamente atentando contra su estabilidad laboral.

 

Dicho razonamiento ha sido ampliamente expuesto y ratificado mediante la SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1262/2013 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, la misma que con su reciente publicación en la página web oficial del Ministerio de Trabajo, ha adquirido especial notoriedad originando diversas y no siempre correctas interpretaciones sobre la vigencia del Preaviso.

Preaviso en Bolivia

Preaviso en Bolivia

De acuerdo a lo establecido en la citada Sentencia Constitucional Plurinacional No. 1262/2013 y en el Decreto Supremo No. 28699, es menester puntualizar lo siguiente:

  • El preaviso establecido en el art. 12 de la Ley General del Trabajo (LGT), es la comunicación que hace la parte empleadora de rescindir el Contrato de Trabajo con noventa días de anticipación, sin que medie una causal legal justificada de despido.
  • Al no existir causal legal de despido, la voluntad del empleador de terminar la relación laboral expresada en el Preaviso; vulnera el derecho a la estabilidad laboral del trabajador y se constituye en una prueba plena que el trabajador ha sido objeto de un despido injustificado.
  • Cuando el trabajador es despedido sin que medien causas legales de despido (establecidas en el Art. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario), podrá optar por el pago de beneficios sociales o por su reincorporación.

 

Por lo expresado, se concluye que la institución del Preaviso establecido en el art. 12 de la LGT está vigente, pero su aplicabilidad está sujeta a la voluntad del trabajador, lo que implica que:


1)
 En caso de que se despida al trabajador con el Preaviso, el trabajador podrá optar por aceptar la desvinculación laboral con el consiguiente pago de los beneficios sociales que le correspondan.

2) En caso que el trabajador no acepte el Preaviso, podrá optar por su reincorporación, a cuyo objeto deberá representar el citado preaviso, haciendo conocer a su empleador que no acepta el despido por no haber incurrido en ninguna de las causales legales de despido. Si el empleador, no obstante de conocer que no se aceptó el preaviso, materializa el despido; el trabajador podrá solicitar su reincorporación ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo y luego ante Autoridades Judiciales.

 

Consecuentemente, reiteramos que el Preaviso está vigente, pero su aplicabilidad está condicionada a la voluntad del trabajador, de tal manera que en definitiva no es un mecanismo de desvinculación laboral recomendable para el empleador.

 

PREAVISO VIGENTE, pero su aplicabilidad está sujeta a la voluntad del trabajador.

En definitiva: NO RECOMENDABLE PARA EL EMPLEADOR

Autor del artículo: DOC Abogados Corporativos

1 comentario

mayo 28, 2016 · 3:36 PM

¿Son constitucionales las reformas parciales al Código Tributario Boliviano?

By José Luis Hurtado H.

La Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia en fecha 24 de Septiembre de 2012 nos sorprendió con la publicación de la Ley N° 291 denominada Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE-2012), fechada con el 22 de Septiembre de 2012 en la que se incluye una reforma parcial al Código Tributario Boliviano Ley N° 2492 de 2 de Agosto de 2003.

La modificación del Presupuesto General de Estado para la Gestión en curso (2012) no nos sorprende para nada, pues forma parte de una practica en cierta medida “aceptada” por los distintos gobiernos de turno que han pasado a lo largo de la reciente historia democrática boliviana (30 años). Pero lo sorprendente fue que, – en esta ley eminentemente financiera, que es generada en el órgano ejecutivo y remitida al legislativo para su aprobación sin más trámite ni debate, pues generalmente no se le cambia ni un sola coma, en la que tiene como finalidad aprobar el incremento o disminución y transferencias de las partidas que lo componen, en virtud a la dinámica administrativa gubernamental, – se haya incluido una reforma tributaria parcial.

¿Cuales son las partes reformadas del Código Tributario Boliviano, mediante la Ley de Modificaciones al PGE-2012?

Antes de empezar el análisis de si es constitucional o no esta reforma parcial, empezaré resumiendo lo que se ha modificado. La modificación afecta a un total de 5 artículos de la Ley Nº 2492, los mismos que son:
– Artículo 59 (Prescripción);
– Artículo 60 (Cómputo);
– Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo) en su numeral 8;
– Artículo 154 (Prescripción, Interrupción y Suspensión) parágrafos III y IV;
– Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales) numeral 2) del parágrafo II.

La Prescripción Extintiva
Se constituye en una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo vencimiento se extingue la facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. Lo que se extingue es el derecho material del tributo, es decir el derecho a ejercer su cobro, no así el derecho subjetivo del Estado, a través de la Administración Tributaria, derecho que no prescribe.

En este caso el estado boliviano, mediante esta pretendida reforma, ampliará el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años. Esta modificación es gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completarse el 2018.

Cómputo del la Prescripción
El cómputo para la prescripción – para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria, – se inicia desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produce el vencimiento del periodo de pago y no así a partir del 01 de enero del año calendario siguiente, tal como lo establecía el anteriormente el artículo. De igual forma el cómputo para la prescripción de las sanciones administrativas se inicia desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. Lo que se pretende con esta modificación es que la prescripción se inicie casi inmediatamente sin esperar a que se inicie la siguiente gestión.

Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo
Consecuente con la ampliación de los plazos de la prescripción subsiste la obligación del Sujeto Pasivo de conservar en forma ordenada los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades.

Suspensión e Interrupción de la Prescripción
La prescripción de la acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de determinación y prejudicialidad tributaria. Se amplia de dos (2) años a cinco (5) la prescripción para acción para ejecutar sanciones administrativas.

Incumplimiento de Deberes Formales
Se incluye la omisión de inscripción en los registros tributarios como una contravención con aplicación sanciones en forma directa, verificadas en operativos de control tributario.

¿Esta reforma parcial al Código Tributario Boliviano es constitucional?

En mi opinión, esta reforma parcial al Código Tributario Boliviano es inconstitucional por dos razones que a continuación paso a detallar:

Primero, la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) es una norma cuyo proyecto es generada en el Órgano Ejecutivo como atribución del Presidente del Estado (Art. 172 numeral 11. CPE). Luego este proyecto pasa al Órgano Legislativo (Asamblea Legislativa Plurinacional) para su aprobación iniciando su tratamiento en la Cámara de Diputados (Art. 159 numeral 6. CPE) para luego ser aprobada por la Cámara de Senadores. Conceptual y doctrinariamente es una ley material, una autorización legal para recaudar (fuentes de ingresos) y gastar (aplicación en partidas de gastos e inversiones) para una gestión que comprende un año. Es de cumplimiento obligatorio por el hecho de emanar de una ley, que puede ser susceptible de modificación con otra ley (modificatoria). Si tomamos en cuenta este razonamiento, es decir, la aprobación del PGE solo se admite bajo una ley de carácter exclusivo, su modificación debe mantener el mismo carácter. Esto debido al Principio Presupuestario de Exclusividad que se refiere a que el Presupuesto debe únicamente limitarse a asignar recursos determinados gastos es decir no puede contener disposiciones sobre materias ajenas a la ejecución financiera de los programas de operación. Sobre esta cuestión existe jurisprudencia ante la Corte Suprema de Justicia – CSJ (tómese en cuenta que el control constitucional lo ejercía la CSJ, porque no existir a esa fecha el Tribunal Constitucional) debido a que en el presupuesto de la Gestión 1989 (ley financial) se pretendió aprobar una modificación de la alícuota del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) para la cerveza del 45% al 60%.

Segundo, la modificación del la Prescripción en forma arbitraria, por carecer de fundamento jurídico, por lo que atenta contra el Principio de Seguridad Jurídica. La finalidad de toda constitución y el ordenamiento jurídico vigente en un Estado de Derecho es poner límites a los poderes constituidos, principalmente al órgano ejecutivo, eliminando la discrecionalidad. Tal como lo establecen varias sentencias constitucionales emanadas del Tribunal Constitucional entre ellas la 409/2012-R, 0096/2010-R, 0070/2010-R establecen que “La seguridad jurídica como un principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal, por lo tanto, la relación la relación Estado-Ciudadano, debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales, previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal”. Este Principio (Seguridad Jurídica) se encuentra plasmado en nuestra Constitución en el Artículo 178 cuya potestad de impartir justicia emanada del pueblo descansa en sobre el Órgano Judicial y sobre todo en el Tribunal Constitucional Plurinacional. “La prescripción sirve a la seguridad general del derecho y a la paz jurídica, las cuales exigen que se ponga un límite a las pretensiones jurídicas envejecidas”, Ennecerus, Kipp y Wolff (1981). La prescripción extintiva encuentra su justificación en la necesidad de poner término a la incertidumbre de los derechos y en la presunción de abandono, negligencia o ineficiencia de la Administración Tributaria (Puig, 1986).

Otras razones por las que no se deben modificar
Existen otras razones por las que no se debería modificar de la forma que se prentende:

a) Generación de Caos Normativo.
Las fuentes del Derecho Tributario en nuestro Código Tributario son de carácter limitativo y está expresadas en el Art. 5 de la Ley Nº 2492, bajo el siguiente orden de prelación normativa:
1) La Constitución Política del Estado
2) Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo
3) El presente Código Tributario
4) Las Leyes
5) Los Decretos Supremos
6) Resoluciones Supremas
7) Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos
administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de
formulación establecidos en este Código.
Tal como se aprecia el Código Tributario al ser una ley especial tiene prelación sobre cualquier otra ley de tipo general. En este caso se pretende modificar el Código Tributario con una ley cuya finalidad es de carácter distinto y su vigencia limitada a una sola gestión, creando caos normativo. No es aconsejable realizar modificaciones parche.

b) Inexistencia de Razonabilidad
Elevar de 4 a 10 años el plazo de la prescripción extintiva en materia tributaria no es razonable. Cabe preguntarse ¿Porque aumentar a más del doble el plazo de la prescripción? Un mayor plazo en la prescripción significa incentivar ineficiencia en la Administración Tributaria. Mi opinión es que no existe razonabilidad en estos plazos.

c) Constituye una carga onerosa para las empresas
Conservar 10 años de documentación resultará una carga onerosa para las empresas, porque necesitaran mayor espacio físico y mayores gastos en su conservación.

Escrito por Consultor Legal Empresarial

1 comentario

Archivado bajo General, Sobre Normativa Empresarial